PLANTEAMIENTO


México está a punto de cumplir 10 años inmerso en una guerra civil, declarara irresponsablemente al iniciar la administración de Felipe Calderón y sostenida con recursos millonarios por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

En este periodo, más de 170,000 personas han sido asesinadas; diariamente 52 personas pierden la vida de manera violenta e intencional (Instituto Nacional de Geografía y Estadística). Más de 25,000 personas están desaparecidas, al menos 2,500 de ellas por parte de servidoras o servidores públicos (Comisión Nacional de  Derechos Humanos); y 160,000 personas se vieron forzadas a huir de su hogar para evitar los efectos del conflicto armado (Centro de monitoreo de desplazamiento interno).

De 2006 a la fecha, los gobiernos emanados del PAN y del PRI han centrado su política de seguridad en perseguir y sancionar ineficazmente la producción, comercio y posesión de ciertas sustancias psicoactivas, aun cuando su consumo en nuestro país no es un delito ni un problema de salud pública.

Menos del 2% de la población mexicana consumió alguna droga ilegal en el último año (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011); sin embargo, de 2009 a 2013 fueron detenidas más de 145,000 personas – en su gran mayoría jóvenes – por consumir o portar pequeñas dosis (Procuraduría General de la República). Cuatro de cada diez personas privadas de su libertad por delitos contra la salud fueron sentenciadas por poseer drogas, sólo dos de cada diez por venderlas. Las instituciones de seguridad están enfocadas en castigar la posesión de sustancias, no el narcotráfico.

Esta guerra no sólo ha tenido elevados costos sociales, por ejemplo el aumento en 600% de denuncias por tortura a manos de fuerzas armadas y policiales (Amnistía Internacional); sino también económicos e institucionales. Cada año el gobierno mexicano gasta en promedio 80 veces más recursos en seguridad pública que en programas de salud.

Éste enfoque ha beneficiado la consolidación del crimen organizado, su crecimiento económico y su capacidad para corromper a las instituciones públicas de todos los ámbitos de gobierno. Al mismo tiempo se ha criminalizado a las juventudes, quienes han sido las principales víctimas de la fallida guerra contra las drogas.

  UNA NUEVA POLÍTICA DE DROGAS DESDE LAS JUVENTUDES DE IZQUIERDA

 México fue pionero en regular el mercado de drogas.
El 17 de febrero de 1940, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río publicó el Reglamento Federal de Toxicomanía, el cual reconocía que la prohibición de las drogas genera que "los traficantes obtengan grandes provechos" (sic) y que perseguir a las y los consumidores problemáticos en vez atenderles en instituciones de salud es "contrario al concepto de justicia". Debido a presiones externas, éste fue derogado seis meses después.

Hoy el contexto internacional y local es distinto. Alrededor de 30 países y jurisdicciones subnacionales han despenalizado la posesión personal de algunas o todas las drogas. En el continente americano destaca Uruguay, que desde 2013 reguló el mercado, la producción, comercialización, tenencia y usos de la cannabis. Así como Alaska, Colorado, Oregon y Washington (Estados Unidos) donde la planta ha sido legalizada para su uso recreativo.

La política prohibicionista y la guerra contra las drogas han demostrado su fracaso para inhibir el consumo de sustancias psicoactivas. Por ello, las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática impulsaremos tres estrategias inmediatas para frenar la violencia generalizada; el aumento de la capacidad corruptora del crimen organizado y la criminalización de las y los jóvenes.

Impulsaremos una nueva política de drogas desde un enfoque de reducción de daños y reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos:

1.
Acompañamiento jurídico a las personas jóvenes detenidas por posesión o consumo de pequeñas cantidades de sustancias consideradas ilícitas en la Ley General de Salud; o por violaciones a sus derechos humanos durante la detención, investigación o juicio. Aun cuando el consumo de drogas no es un delito en México, la mayoría de las entidades y la federación reconocen haber detenido, procesado y sentenciado a personas por esta conducta. Asimismo existen casos documentados de siembra de droga a jóvenes para inculparles por narcotráfico. Óscar Montes de Oca y Lilia Angélica López no son casos aislados; por lo que las Juventudes de Izquierda brindarán acompañamiento jurídico a quienes se encuentran en esta situación. Ningún proyecto de vida es posible de desarrollar si el Estado encarcela a sus jóvenes, en vez de brindar atención integral y voluntaria a quienes no pueden o no quieren detener el uso de drogas.

2.
Presentación de una iniciativa de reforma a Ley General de Salud para elevar a 30 gramos la dosis máxima de portación legal de cannabis y a 1 gramo la de cocaína.
Actualmente la Ley General de Salud incluye una Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, la cual establece cantidades que favorecen la criminalización de las y los consumidores. Por ejemplo, en el mercado la cocaína se vende por gramo, mientras que la legislación sólo considera legal la posesión de medio gramo; es decir, en el momento en que la persona consumidora adquiere una dosis, es considerada inmediatamente narcomenudista.

Esto, además, incentiva la corrupción en las autoridades policiales, ministeriales y judiciales, quienes aprovechan el desconocimiento normativo y criminalización social de ciertas drogas, para extorsionar a las y los jóvenes detenidos.

Aumentar el gramaje permitido permitirá la excarcelación de personas que se encuentran en centros penitenciarios sobrepoblados que lejos de procurar la readaptación social generan estigmatización, alientan la incorporación al crimen organizado y favorecen que la violación de derechos humanos se mantenga impune.

3.
Organización de la iniciativa ciudadana para la regulación de los diversos usos de la cannabis.
Es necesario concebir la política de drogas como un asunto de salud pública, no sólo de seguridad. El Estado debe reconocer la libertad de las personas para decidir lo que hace con su vida y su cuerpo; así como regular, informar científicamente y educar sobre la diversidad de sustancias que pueden causar adicciones.

La prohibición de la cannabis no ha desincentivado su producción. De acuerdo con la Procuraduría General de la República de 2001 a 2008 se duplicó el número de hectáreas sembradas de esta planta. Se calcula que el negocio del tráfico ilícito de drogas ronda los 40,000 millones de dólares (el doble del presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública). El cuarenta por ciento corresponde a la venta local y exportación de cannabis.

Las Juventudes de Izquierda en las 32 entidades federativas recopilaremos 120,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos convencidos de que la mejor manera para enfrentar los problemas relacionados con las drogas es informar científicamente, no penalizar su consumo. Una vez reunido el requisito establecido en el artículo 71 constitucional, presentaremos al Congreso de la Unión la Iniciativa Ciudadana para la Regulación de los diversos usos de la Cannabis; principalmente médicos, recreativos, industriales y de investigación.